La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha elevado una seria advertencia al Gobierno boliviano sobre la creciente escasez de combustible de aviación (Jet Fuel A-1), una situación que, de no resolverse prontamente, podría derivar en la cancelación de vuelos y graves repercusiones para la economía nacional. Esta preocupación se suma a las ya manifestadas por la estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y YPFB Aviación.
Desde el pasado 14 de junio, la IATA, que agrupa a más de 330 aerolíneas a nivel mundial, incluyendo las que operan en Bolivia, comunicó al Ministerio de Obras Públicas la gravedad del problema. Dos días después, el 16 de junio, Naabol y YPFB Aviación ya habían alertado a las aerolíneas privadas sobre las dificultades en el suministro de combustible.
Milton López Yugar, director regional Santa Cruz de Naabol, emitió circulares en las que se mencionaba la escasez de Jet Fuel A-1 para aeronaves que operan en el aeropuerto internacional de Viru Viru. Inicialmente, estas limitaciones se atribuyeron a los bloqueos de carreteras que afectaron el transporte de combustible a la planta de suministro de Air BP Bolivia Nacionalizada en Viru Viru.
Sin embargo, a pesar de que no se han registrado bloqueos en las carreteras del país durante las últimas dos semanas, la situación no ha mejorado, lo que ha llevado a la IATA a reiterar su "preocupación por la actual crisis de suministro de combustible de aviación en Bolivia".
El experto en transporte, Álvaro Munguía, sugiere que el verdadero problema radica en la falta de recursos económicos de YPFB Aviación para importar petróleo y refinarlo en Cochabamba y Santa Cruz. Munguía señala que el Decreto Supremo 5349, emitido en marzo, que autoriza la importación de Jet Fuel A-1 a personas naturales o jurídicas privadas para su venta o comercialización, es una clara señal de que el Estado ya no tiene la capacidad de importar crudo y necesita el apoyo del sector privado.
Las aerolíneas enfrentan la posibilidad de verse obligadas a cancelar sus servicios, lo que impactaría negativamente tanto a los pasajeros como a la economía boliviana en general. Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta por parte de la estatal petrolera sobre esta situación crítica.