La liberación de Richard Mamani Martínez tras nueve años de prisión expone una falla crítica del sistema judicial boliviano. A sus 19 años, Richard fue condenado a 25 años por una violación que no cometió, un crimen perpetrado por el esposo de la hermana de la propia víctima. Su salida de la cárcel de Morros Blancos no es una victoria sencilla, sino el doloroso reflejo de una década perdida. "¿Mi juventud, quién me la devuelve?", preguntó Richard, con lágrimas, encapsulando la profunda herida que le infligió la injusticia.
El calvario de Richard se inició en julio de 2016 en Villa Charcas, Chuquisaca, cuando una menor de 12 años, víctima de abuso sexual, fue coaccionada para culparlo y encubrir al verdadero agresor. La menor, atemorizada y bajo constante amenaza, mantuvo el silencio durante años. Solo en 2023, ya adulta, tuvo el valor de confesar públicamente la manipulación de su acusación inicial. Esta confesión clave reabrió el caso, aunque Richard permaneció injustamente encarcelado incluso después de que el verdadero culpable fuera sentenciado.
El proceso judicial contra Richard fue un juicio sumario, carente de pruebas objetivas y lleno de irregularidades, a pesar de las denuncias de su familia. Su inocencia, evidente para muchos, tardó casi una década en ser reconocida. Richard no busca venganza, sino una justicia completa: que quienes lo incriminaron enfrenten las consecuencias y que se establezcan mecanismos para evitar que otros vivan su pesadilla. Su historia es un crudo recordatorio de que la ineficiencia judicial no solo condena a inocentes, sino que roba vidas y deja cicatrices imborrables.
