Un incendio de gran magnitud consumió al menos 15 vehículos incautados en el depósito de Dircabi, ubicado en la avenida Petrolera de Cochabamba. El fuego, que se desató la tarde del 16 de julio, redujo a cenizas minibuses, camionetas, vagonetas y tractocamiones. Aunque el personal de bomberos, SAR Bolivia y la Unidad de Gestión de Riesgos logró controlar el siniestro, los daños fueron irreversibles y dejaron en evidencia nuevas fallas en el resguardo de estos bienes.
Las causas del incendio aún no han sido determinadas. Desde una posible falla eléctrica hasta un acto intencional, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis. Dircabi presentó una denuncia formal ante la Fiscalía para que se investigue a fondo el origen del siniestro, mientras crece la preocupación por el valor de los bienes destruidos y la fragilidad del sistema de custodia estatal.
No es la primera vez que un hecho de este tipo ocurre en depósitos de Dircabi. En julio de 2024, un incendio similar en instalaciones de Umopar en Chimoré fue atribuido a una bomba molotov. Estos antecedentes, sumados a denuncias previas por pérdidas y desmantelamiento de vehículos, vuelven a poner en entredicho la seguridad y la transparencia en la administración de los bienes incautados por el Estado.
Más allá del daño material, el hecho plantea una interrogante mayor: ¿qué tan seguros están los activos incautados al crimen organizado? La destrucción de estos vehículos no solo afecta procesos judiciales en curso, sino que también refleja una falla institucional que requiere medidas urgentes. Mientras se esclarece lo ocurrido, crece la presión para que Dircabi refuerce sus protocolos y rinda cuentas por la custodia de los bienes que administra.
