El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha iniciado una investigación formal sobre la compra del predio agrícola "Adán y Eva" en Santa Cruz, realizada por Rafael Arce, hijo del presidente Luis Arce. La denuncia fue presentada por el diputado opositor Enrique Urquidi, quien puso en duda el origen de los fondos utilizados y la forma en que Rafael accedió a millonarios créditos del Banco Ganadero a tan solo 25 años de edad. El caso ha generado un intenso debate público sobre la necesidad de controles efectivos al patrimonio de los familiares de autoridades de alto nivel.
La viceministra de Transparencia, Susana Ríos, confirmó este jueves 17 de julio que el proceso de investigación ya está en marcha y que se enmarca en lo dispuesto por la Ley N.º 004 de Lucha Contra la Corrupción y la Ley N.º 974 de Unidades de Transparencia. Ambas normativas permiten indagar posibles casos de enriquecimiento ilícito y habilitan el requerimiento de información a entidades bancarias, registros y otras instancias del Estado. Sin embargo, Ríos advirtió que no existe un plazo fijo para la conclusión de esta investigación, ya que el avance dependerá de la celeridad con la que otras instituciones remitan los datos requeridos.
Por su parte, el presidente Luis Arce ha manifestado estar abierto a que se investigue el caso “en cualquier instancia que corresponda”, mostrando una postura de colaboración con el proceso. La viceministra destacó que esta actitud del mandatario refleja amplitud y compromiso con la transparencia. No obstante, también recordó que el proceso podría extenderse, dado que las instituciones tienen sus propios tiempos administrativos. Este ritmo lento, aunque legalmente justificado, podría tensar aún más la percepción pública respecto a la eficiencia del sistema anticorrupción boliviano.
La investigación no solo busca esclarecer si Rafael Arce accedió a créditos de forma regular o si incurrió en algún ilícito, sino que también pondrá a prueba la solidez de los mecanismos de control estatal sobre los entornos familiares del poder. En un contexto político marcado por la polarización y la demanda creciente de transparencia, este caso adquiere un peso simbólico: puede convertirse en una oportunidad para demostrar independencia institucional o, por el contrario, en un ejemplo más de impunidad.
