A un mes de las elecciones generales del 17 de agosto, Bolivia enfrenta un clima de tensión política marcado por amenazas de boicot y un escenario de voto fragmentado. Los comicios, en los que se elegirá presidente, vicepresidente y se renovará el Parlamento, se desarrollan en medio de una fuerte incertidumbre y polarización.
El conflicto más visible ha sido protagonizado por sectores leales al expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigen su habilitación como candidato, pese a que no cuenta con un partido registrado y está inhabilitado por la Constitución. Esta presión ha reactivado divisiones dentro del oficialismo y ha generado un ambiente de confrontación.
En junio, los seguidores de Morales impulsaron bloqueos de carreteras durante dos semanas, medida que derivó en enfrentamientos violentos. El saldo fue trágico: cuatro policías y dos civiles fallecieron, además de numerosos heridos y afectaciones al transporte y la economía.
Al mismo tiempo, las encuestas reflejan una intención de voto dispersa, sin un liderazgo claro. Esto anticipa una contienda reñida que podría desembocar en un gobierno débil, con necesidad de pactos para asegurar la gobernabilidad. El proceso electoral, por tanto, será una prueba clave para la estabilidad democrática del país.
