La Fiscalía de La Paz decidió reabrir la investigación penal contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, según consta en un documento entregado por el denunciante, el diputado Héctor Arce Rodríguez.
Este nuevo giro en el caso, que se originó a partir de la denuncia presentada por el propio diputado el 18 de mayo de 2024, revive cuestionamientos sobre la gestión judicial y la posible influencia política en un proceso que involucra directamente a la familia presidencial. Héctor Arce, además de señalar irregularidades en la adquisición del predio Adán y Eva en Santa Cruz, denuncia un presunto fraude impositivo y cuestiona la transparencia de operaciones financieras vinculadas a Rafael Arce y su hermana Camila, quienes habrían recibido millonarios préstamos del Banco Ganadero en condiciones poco claras.
Pese a la reapertura formal de la investigación, ordenada por el fiscal Hernán Kiffer el 24 de julio y que contempla una ampliación de 60 días en la etapa preliminar, el diputado Arce expresó su profunda desconfianza en la Fiscalía, y en particular en el fiscal general Roger Mariaca, a quien acusa de mantener un pacto de “no agresión” con el gobierno.
“La preocupación no es solo la reapertura, sino que tememos que esta sea una maniobra para cerrar definitivamente el caso sin llegar a sanciones, aprovechando que la ley impide procesar dos veces por el mismo hecho”, advirtió el parlamentario, quien sostiene que esta reapertura podría ser un “parche temporal” en el último tramo del mandato presidencial.
Entre las inconsistencias detectadas, destacan diferencias sustanciales entre el valor declarado en la compra del inmueble, 5,5 millones de dólares y la cifra oficial consignada en documentos de transacción, 3,3 millones, además de movimientos financieros sospechosos, como un anticipo de 280 mil dólares que supera ampliamente los ingresos legales declarados por Rafael Arce durante más de seis años de actividad pública.
Este caso pone en el centro del debate la independencia del sistema judicial y la eficacia de los mecanismos anticorrupción en Bolivia, cuestionamientos que ganan fuerza en un contexto político polarizado y con una oposición que observa con recelo cada movimiento del oficialismo.
Mientras la Fiscalía avanza en la investigación, la opinión pública y sectores políticos mantienen la expectativa sobre si este proceso podrá esclarecer los hechos o quedará atrapado en las redes de la politización y la impunidad.
