Durante el reciente debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), varios candidatos plantearon propuestas polémicas relacionadas con el uso de las Fuerzas Armadas para intervenir en conflictos internos. Pavel Aracena, postulante por Acción Demócrata Nacionalista (ADN), propuso una reforma constitucional para habilitar operativos militares contra bloqueos, avasallamientos y el ingreso al Chapare, región que calificó como una “republiqueta” fuera del control estatal.
Aracena anunció que, de ser electo, convocará a una nueva asamblea constituyente y a un referendo nacional con tres consultas: autorizar la intervención de bloqueos con fines políticos, permitir el desalojo de avasallamientos y habilitar el ingreso conjunto de militares y policías al Chapare. Argumentó que las movilizaciones sociales han generado pérdidas económicas estimadas en 2.800 millones de dólares solo en este año.
Estas propuestas generaron una inmediata reacción de sectores sociales vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS) y afines al expresidente Evo Morales. Vicente Choque, dirigente de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), denunció que la derecha busca reprimir a los pueblos indígenas y advirtió que las comunidades del trópico de Cochabamba no permitirán la militarización de su territorio.
David Veizaga, dirigente de los Interculturales, también expresó su rechazo a la intervención militar. Aseguró que estas propuestas siguen un guion extranjero, aunque no presentó pruebas. Según dijo en una entrevista con Radio Kawsachun Coca, la oposición estaría recibiendo financiamiento internacional y aplicando estrategias ya vistas en otros países de la región.
Además de Aracena, otros candidatos como Jorge “Tuto” Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa también se pronunciaron a favor de medidas más firmes para frenar bloqueos y controlar el avance de actividades ilegales. Reyes Villa incluso señaló que, si asume la presidencia, hará cumplir la orden de aprehensión contra Evo Morales por un caso judicial pendiente relacionado con trata de personas y estupro.
El debate ha vuelto a poner sobre la mesa la tensión entre seguridad y derechos colectivos. Mientras algunos sectores políticos proponen reforzar el rol de las Fuerzas Armadas en el orden interno, los movimientos sociales del trópico denuncian una amenaza a su autonomía y temen una nueva etapa de criminalización de la protesta social.
