Con miras a las elecciones del 17 de agosto, las organizaciones políticas no solo podrán acreditar a sus delegados en las más de 34.000 mesas de sufragio a nivel nacional, sino que también accederán, por primera vez, a los listados de ciudadanos habilitados e inhabilitados para votar, en un esfuerzo por fortalecer la transparencia y confianza en el proceso electoral.
Este anuncio marca un hito en la historia democrática del país, ya que permitirá a los delegados realizar un control directo y sistemático del padrón electoral en cada mesa, según informó el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro durante el Segundo Diálogo con Actores Políticos, una actividad impulsada junto al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde).
“La presencia activa de los delegados representa un compromiso compartido para garantizar una jornada electoral transparente, democrática y confiable”, señaló el vocal del TED Oruro, Iver Pereira.
Los delegados deberán acreditarse formalmente ante los presidentes de mesa, portando cédula de identidad y credencial oficial. Una vez autorizados, podrán portar distintivos, como brazaletes o gorras con los colores de su agrupación, siempre que se abstengan de realizar cualquier tipo de propaganda.
Su rol va más allá de la simple observación: están facultados para verificar la instalación de la mesa, supervisar el trabajo de jurados electorales, presenciar el conteo de votos e incluso registrar observaciones formales, que quedarán reflejadas en las actas oficiales con su firma y huella dactilar.
Uno de los avances más destacados en esta elección será la entrega, en cada mesa, de un listado detallado de votantes habilitados e inhabilitados. Francisco Vargas, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó que esta innovación busca “generar mayor confianza sobre nuestro padrón electoral” y asegurar que el sufragio se desarrolle sin irregularidades.
El padrón electoral incluye a 7.937.138 ciudadanos, de los cuales 7.567.207 residen en Bolivia y 369.931 en el exterior. Esta cifra refleja el alcance del proceso y la magnitud del desafío logístico y democrático que enfrentan las autoridades electorales.
Con estas medidas, el Órgano Electoral Plurinacional busca consolidar un proceso transparente y participativo, en el que las organizaciones políticas desempeñen un papel activo en la vigilancia del voto y la garantía del respeto a la voluntad popular.
