Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres exigieron a la Fiscalía y al Órgano Electoral que sancionen los casos de acoso político y discurso de odio hacia candidatas y mujeres en funciones públicas. Identificaron cinco casos emblemáticos: Eva Copa, Mariana Prado, Susana Bejarano, Toribia Lero y Karla Robledo, todos registrados en el marco de las elecciones generales.
Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, señaló que estos casos fueron detectados por el Observatorio de Género, y que representan una forma de violencia política basada en género que busca excluir a las mujeres del espacio público y debilitar su participación democrática.
En el caso de Eva Copa, se denunció una campaña de acoso constante mediante redes sociales, donde se atenta contra su dignidad con comentarios sexuales, cuestionamientos morales y amenazas. Sánchez advirtió que este tipo de violencia debería ser tipificada penalmente.
Sobre Mariana Prado y Susana Bejarano, ambas candidatas de Alianza Popular, se reportaron ataques centrados en su origen social, cuestionando su capacidad por su clase o procedencia. Además, se denunció una amenaza directa desde la Federación de Campesinos de La Paz, que exigió su retiro en 72 horas.
Por su parte, Karla Robledo renunció a su candidatura debido al hostigamiento político que recibió, el cual incluyó críticas por antecedentes judiciales de su padre, hechos ajenos a su vida política. En el caso de Toribia Lero, se identificaron insultos racistas y discriminación por su identidad indígena.
Finalmente, Sánchez remarcó que estas agresiones no se dirigen de la misma forma hacia los varones. Mientras a las mujeres se las ataca por su apariencia, su moral o su familia, a los hombres no se les cuestiona por estos aspectos. Por ello, pidió que las instituciones actúen de oficio y apliquen sanciones, para garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad.