Una familia de Warnés vive una pesadilla tras el brutal ataque que sufrió su hija de 13 años en su colegio. La menor fue apuñalada más de 20 veces durante el recreo y se encuentra en estado crítico, debatiéndose entre la vida y la muerte en el Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra. La familia de la víctima denuncia la ausencia de testigos y que las cámaras de seguridad del establecimiento no estaban funcionando al momento del ataque.
El padre de la adolescente, visiblemente afectado, expresó su incredulidad y dolor. "Verla sonreír y luego así de mal es algo que no se puede creer", lamentó. Describió a su hija como una niña feliz, dedicada a sus estudios y a la danza, que había ganado varias medallas por su desempeño.
La madre, por su parte, señaló que cree que la agresión fue cometida por más de una persona. "Una sola no va a poder... cortarle la cara, apuñalarle la espalda, cortarle el brazo, perforarle el pulmón, el hígado. Una persona no puede hacer eso sola", afirmó.
El ataque, según la familia, se produjo durante el recreo. Sin embargo, lo que más les desconcierta es que no haya testigos y que las cámaras de seguridad no estuvieran operativas. "Eso es lo más raro", cuestionó el padre, quien fue alertado por el director del colegio.
Informe médico y reacción de las autoridades
Según el último reporte médico del hospital, la adolescente fue ingresada con múltiples lesiones graves. Héctor Soliz, jefe de Pediatría, informó que se le tuvo que extirpar parte del pulmón derecho en una cirugía de más de cinco horas. La menor se encuentra actualmente en la unidad de terapia intensiva.
Este trágico suceso ha desatado un llamado de atención a las autoridades. Lorenzo Chávez, secretario de conflicto de los maestros urbanos, opinó que se deben modificar las leyes educativas y el Código Niña, Niño y Adolescente para devolver la autoridad a padres y maestros. "Para evitar hechos posteriores... tenemos que ir verdaderamente al fondo del asunto: recuperar los valores, disciplina, respeto, convivencia", indicó, defendiendo a directores y profesores de cualquier acusación.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció, manifestando su solidaridad con la familia y exigiendo a la Policía Boliviana y al Ministerio Público una investigación exhaustiva con enfoque de niñez y género. En su comunicado, la Defensoría subrayó que este hecho "pone en evidencia graves debilidades en los mecanismos de prevención, seguridad y respuesta ante situaciones de riesgo en el entorno escolar". Además, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que implementen políticas públicas integrales y sostenidas de prevención y protección contra la violencia escolar.
