La justicia boliviana determinó en las últimas horas modificar las medidas cautelares contra el exministro de Justicia, César Siles, y otorgarle detención domiciliaria sin derecho a salida laboral, en el marco de la investigación del caso denominado "Consorcio", que involucra a operadores judiciales en un presunto intento por destituir a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La decisión judicial incluye el pago de una fianza de 50 mil bolivianos, la prohibición de salir del país (arraigo) y la obligación de presentarse cada 15 días al control biométrico de la Fiscalía, según confirmó su abogado, Alberto Morales, a medios de comunicación.
Siles está siendo investigado por su presunta implicación en una estructura compuesta por jueces, fiscales y abogados, que habría operado de manera coordinada para influir en decisiones judiciales. El exministro fue vinculado al caso tras la difusión de un supuesto audio en el que conversa con Lea Plaza, exjueza de Coroico, en el que se menciona un plan para remover del cargo a la magistrada del TSJ, Fanny Coaquira.
En paralelo, el exministro obtuvo el beneficio de “salud y vida”, debido a su actual internación en una clínica privada. En junio, la justicia había ordenado su detención preventiva en el penal de Patacamaya por un periodo de cinco meses; sin embargo, tras conocer esa resolución, Siles sufrió una descompensación que motivó su traslado inmediato a un centro médico.
El caso "Consorcio" ha generado preocupación en distintos sectores del país, al poner en evidencia la posible existencia de redes de poder que vulneran la independencia judicial en Bolivia.
