La explotación de litio en el Salar de Uyuni se detiene temporalmente. Una jueza de La Paz ordenó a la Asamblea Legislativa suspender los contratos con las empresas CBC de China y Uranium de Rusia, hasta que se cumplan condiciones esenciales para cuidar el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.
La decisión surge a petición de la Defensoría del Pueblo, que insiste en que el desarrollo económico no puede comprometer la seguridad ambiental ni social.
Condiciones clave para retomar los contratos
Impacto ambiental claro: Se requiere un estudio estratégico sobre cómo la explotación afectará el agua, un recurso vital para la región.
Aguas subterráneas protegidas: Debe analizarse la situación de las aguas fósiles bajo el salar.
Consulta a comunidades: Las poblaciones locales deben participar de manera libre e informada antes de que los contratos avancen.
Revisión de estudios: La Asamblea solo podrá tramitar los contratos tras recibir y evaluar los análisis ambientales.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recalcó que la medida no busca frenar el desarrollo económico, sino asegurar que sea responsable y respetuoso de derechos humanos y ambientales. El Gobierno había señalado anteriormente que los estudios eran imposibles sin la ubicación exacta de los proyectos, pero la resolución judicial establece que la protección del Salar de Uyuni es prioridad antes de cualquier explotación.
