Una jueza agroambiental frenó de manera temporal el tratamiento de los contratos de explotación de litio en Bolivia, al considerar que todavía persisten vacíos críticos en torno al uso de aguas fósiles, la disponibilidad de recursos hídricos y la consulta previa a pueblos indígenas. La decisión, anunciada por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, abre un nuevo capítulo en el debate sobre cómo avanzar con el “oro blanco” sin dejar de lado los derechos ambientales y sociales.
“La suspensión momentánea alcanza a los acuerdos con la empresa china CBC y con la rusa Uranium One Group, hasta que se presenten tres elementos clave: un estudio de impacto ambiental estratégico sobre los recursos hídricos, un análisis específico de las aguas fósiles y un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas y originarias”, explicó Callisaya.
La resolución judicial también obliga a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a asumir un rol más activo: deberá convocar a los actores involucrados y a las poblaciones afectadas antes de dar curso a los contratos. En ese marco, la diputada potosina Susana Fuertes celebró el fallo: “Al fin nos dan la razón a los potosinos. No se puede hablar de explotación de litio sin estudios serios, sin respeto a las comunidades y sin garantizar beneficios reales para la región”.
Fuertes insistió en que la región necesita una ley de litio que fije un 11% de regalías y que asegure que cualquier contrato pase antes por una consulta con la población. Actualmente, los dos acuerdos con las empresas extranjeras se encuentran en diferentes instancias de la ALP, a la espera de un tratamiento legislativo que ahora deberá replantearse.
Más allá de lo económico, la decisión judicial reconfigura el debate: el litio ya no solo es un recurso estratégico, sino un campo de disputa en torno a la sostenibilidad ambiental, la soberanía hídrica y el respeto a los derechos colectivos.
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