Al menos cinco personas están siendo investigadas por presuntas irregularidades en convenios de subvención de harina de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Estas maniobras habrían causado un significativo perjuicio económico al Estado, cuantificado en 6,2 millones de bolivianos.
Entre los principales señalados se encuentran el exgerente de la estatal, Franklin Flores, y el dirigente del sector panificador, Rubén Ríos.
El representante del Ministerio Público, Omar Quisbert, confirmó que los implicados ya fueron citados a declarar en calidad de investigados. El fiscal no descartó que la lista se amplíe conforme las pesquisas avancen y se obtengan nuevos indicios.
Quisbert precisó que la revisión del convenio de subvención de harina reveló graves falencias. Se detectó la ausencia de certificados del Senasag y de Pro Bolivia, documentos esenciales para la fiscalización del producto. Adicionalmente, se constató que el acuerdo no fue registrado en el Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales) y se identificaron variaciones de precios sin justificación legal, lo que motivó la apertura formal de la investigación. Las declaraciones informativas de Flores y Ríos están programadas para la próxima semana.
Por otro lado, el Gobierno tomó acciones directas al presentar una denuncia formal ante la Fiscalía contra Rubén Ríos este miércoles, por su presunta relación con las irregularidades en Emapa.
El Viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, detalló los indicios de corrupción detectados. Estos incluyen la venta de harina de Emapa con los beneficios exclusivos de la subvención, la existencia de contratos de arrendamiento de inmuebles a Emapa, y contratos de prestación de servicios de logística hacia la estatal, todos presuntamente utilizados para generar beneficios ilícitos.
Serrano enfatizó que estas irregularidades han generado un significativo daño económico al Estado. Los delitos identificados a partir de las denuncias incluyen enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, tráfico de influencias y contratos lesivos al Estado. El Ministerio Público deberá continuar con la investigación de manera independiente y ampliarla a quienes corresponda.
Finalmente, el Viceministro destacó que existe una instrucción clara del ministro Oscar Justiniano y una línea muy firme desde el Presidente del Estado, Rodrigo Paz, sobre las denuncias de todo acto de corrupción que se encuentre dentro de las entidades estatales.
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