La solicitud de la Fiscalía para enviar al expresidente Luis Arce a un centro juvenil encendió críticas inmediatas. El pedido, planteado dentro del proceso por presunta corrupción en el Fondo Indígena, propone tres meses de detención preventiva en Qhalauma, un recinto destinado exclusivamente a menores de edad.
Juristas y abogados calificaron la solicitud como un despropósito. Advirtieron que la ley prohíbe recluir a adultos en centros de adolescentes y que la medida vulneraría normas básicas. Algunos incluso apuntaron a que el requerimiento sería un intento de trato diferenciado para el exmandatario.
Mientras tanto, desde la parte acusadora se exige una medida más severa: seis meses de detención en la cárcel de San Pedro. Alegan que enviarlo a un recinto para menores sería un beneficio injustificado y una irregularidad evidente.
La decisión final queda ahora en manos del juez cautelar, en una audiencia que podría redefinir la situación jurídica de Arce y avivar aún más el clima político y judicial que rodea este caso.
