El presidente Rodrigo Paz aprovechó un acto castrense para enviar un mensaje político de fondo: su Gobierno afirma estar decidido a enfrentar la corrupción heredada y a restaurar la confianza en las instituciones del Estado. El pronunciamiento se dio un día después de que la Justicia ordenara la detención preventiva del expresidente Luis Arce por una investigación vinculada a presuntas irregularidades cometidas cuando ejercía como ministro de Economía.
Durante la ceremonia de egreso de subtenientes y alféreces de las Fuerzas Armadas, celebrada en La Paz, Paz sostuvo que Bolivia atraviesa una etapa compleja marcada por amenazas internas más que externas. “No estamos en guerra con otro país, pero sí enfrentamos inseguridad, crimen transnacional, contrabando, corrupción y una profunda desconfianza social”, afirmó. Según el mandatario, estos problemas son el resultado de una gestión pasada que ahora debe ser corregida con acciones concretas y dentro del marco de la ley.
Sin mencionar directamente a Arce, el jefe de Estado insistió en que quienes causaron daño al país deberán asumir las consecuencias de sus actos. Reconoció que la situación actual es difícil, pero aseguró que su Gobierno está dispuesto a enfrentarla y a sentar precedentes para que la impunidad no vuelva a ser una constante en la vida política nacional.
El viernes, un juez cautelar determinó la detención preventiva de Luis Arce por un periodo de cinco meses en la cárcel de San Pedro, en La Paz, mientras avanza la investigación en su contra. La audiencia se realizó de manera virtual y contempló la posibilidad de salidas judiciales por razones de salud. Ese mismo día, el exmandatario fue trasladado al centro penitenciario tras permanecer dos días bajo custodia policial en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).
La Fiscalía imputó a Arce por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en relación con la autorización de desembolsos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc). Según el Ministerio Público, miles de proyectos financiados con esos recursos no fueron ejecutados o quedaron inconclusos, y parte del dinero habría sido transferido a cuentas personales de dirigentes de organizaciones sociales.
El ente fiscal precisó que el proceso se circunscribe exclusivamente a la gestión de Arce como ministro, por lo que corresponde su tramitación en la vía ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades, reservado para actos cometidos durante el ejercicio presidencial.
Durante la audiencia, Arce rechazó las acusaciones y se declaró inocente, calificando su detención como una acción de carácter político. En la misma línea, su exministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que la defensa presentó una apelación a la detención preventiva y un recurso para que el caso sea derivado a un juicio de responsabilidades, cuya audiencia fue programada para la próxima semana.
Tras dejar la Presidencia el pasado 8 de noviembre, Arce retomó plenamente su actividad académica como docente de economía en la Universidad Mayor de San Andrés, función que —según sus allegados— nunca abandonó del todo durante su paso por el Gobierno.
