Las familias de la comunidad ayorea Tie Uña, asentadas en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tobité, se vieron obligadas a abandonar su hogar para resguardar sus vidas. Según el cacique Cesar Chiqueno, un grupo armado vinculado a un supuesto patrón que busca apropiarse de sus tierras irrumpió en la zona y los amenazó de muerte.
Chiqueno relató al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas cómo se desencadenó la agresión:
“El 3 de diciembre fui a ver el límite de nuestro terreno porque vimos gente extraña desmontando. También entró el ganado de un hombre a nuestro territorio, donde hay pasto. Dialogamos y parecía que habíamos solucionado un poco. Pero al día siguiente el mismo hombre llegó con diez personas, armados y con machetes. Nos acusó falsamente de robar víveres y nos amenazaron”.
El líder ayoreo envió videos y fotografías donde se observa al grupo de hombres que, según afirma, serían trabajadores de Milton Salazar Ortega, identificado como quien encabezó la expulsión. La activista y líder ayorea Rocío Picaneré asegura que Salazar pertenece al sector de “interculturales”, señalados en otras ocasiones por avasallamientos de tierras en distintas zonas de la Chiquitanía.
En uno de los videos se escucha el llanto y la angustia de mujeres y niños refugiados en un campamento improvisado con carpas. Ese refugio temporal fue instalado cuando la comunidad se movilizó para verificar la presencia de extraños dentro de su territorio, según un informe del Cejis.
La TCO Tobité se encuentra en el municipio de Roboré, departamento de Santa Cruz, dentro de la región chiquitana. El Estado la reconoce como territorio ancestral del pueblo ayoreo, con una superficie titulada de aproximadamente 26.100 hectáreas. Pese a ello, su vulnerabilidad es extrema: incendios forestales, desmontes ilegales, deforestación y presión agropecuaria amenazan de manera permanente su integridad territorial.
“Estamos ahora en Chochís —relata Chiqueno vía WhatsApp— para estar más cerca de las autoridades, por si me pasa algo. Fuimos a la Fiscalía, pero nos enviaron a la Policía para hacer la denuncia, y la Policía dijo que no tiene gasolina para ir al lugar”.
El cacique recuerda que no es la primera vez que observan daños en su territorio: “Después de casi dos años volvimos a recorrer y vimos lo que tumbó de bosque y la madera que pirateó el señor Milton. Ahora está alambrando”.
El desalojo de Tie Uña no es un hecho aislado. En diciembre de 2021, la comunidad ayorea Yoquiday 27 de Mayo, en el municipio de Pailón, también fue expulsada violentamente por un grupo que las víctimas identificaron como interculturales. Cuatro años después, el Estado Plurinacional no ha emitido ninguna respuesta oficial. Más de veinte familias continúan dispersas y en condiciones de extrema precariedad en distintas localidades, incluida la ciudad de Santa Cruz.
La situación revela un patrón de impunidad y abandono estatal frente a la violencia que enfrentan las comunidades indígenas de la Chiquitanía, cuyas tierras —aun siendo tituladas y legalmente reconocidas— siguen siendo objeto de invasiones, amenazas y desplazamientos forzados.
