Una lista oficial con cerca de 800 exautoridades que no pueden abandonar Bolivia salió a la luz en las últimas horas y volvió a poner en debate los alcances del control estatal tras el ejercicio del poder. La nómina incluye a exmandatarios, exministros, legisladores, concejales y altos ejecutivos de entidades que manejaron recursos públicos.
La información fue revelada por la diputada Andrea Ballivián, de la Alianza Unidad, quien explicó que el documento forma parte de un informe elaborado por la Contraloría General del Estado. Según el reporte, estas personas están alcanzadas por la Ley de Arraigo, que obliga a permanecer en el país durante los tres meses posteriores a la salida del cargo.
El objetivo de esta medida es evitar posibles fugas y garantizar que las exautoridades respondan ante eventuales procesos por manejo irregular de fondos públicos. La norma alcanza a quienes ocuparon cargos como Presidente, Vicepresidente, ministros, asambleístas, gobernadores, concejales y máximas autoridades ejecutivas de instituciones públicas, mixtas o privadas con recursos fiscales.
En la lista figura el expresidente Luis Arce junto a varios de sus colaboradores, aunque también se precisó que no todos los exfuncionarios están incluidos. Ballivián aclaró, por ejemplo, que el exministro Eduardo Del Castillo no aparece en la nómina porque dejó su cargo hace más de tres meses, plazo que establece la ley.
