El Gobierno decidió asumir un rol activo frente a las denuncias sobre presuntas irregularidades en la compra y calidad de combustibles, y anunció que colaborará con la Comisión Especial conformada en la para esclarecer los hechos.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, , remarcó que la apertura de una investigación legislativa paralela no solo es legítima, sino también necesaria en un sistema democrático. “Generar estas investigaciones es una competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional y todas las autoridades, absolutamente todas, estamos sujetas al criterio de transparencia y debemos rendir cuentas, incluso de manera obligatoria dos veces durante cada gestión”, sostuvo.
La Comisión Especial, integrada por 11 legisladores, cuenta con un plazo de 120 días para indagar denuncias vinculadas al precio de compra de combustibles por parte de y la presunta comercialización de carburantes de calidad deficiente. El objetivo es establecer responsabilidades y proponer medidas correctivas en caso de confirmarse irregularidades.
Desde el Ejecutivo se subrayó que la lucha contra la corrupción es una política de Estado y que existe coordinación permanente con las unidades de Transparencia de las distintas instituciones públicas para garantizar procesos claros y verificables.
Por su parte, el tercer secretario de la directiva de la Cámara de Diputados, , informó que los primeros resultados preliminares podrían conocerse en un plazo de 20 días, lo que marcará el inicio de una etapa clave para determinar el alcance de las denuncias y las acciones a seguir.
Con este escenario, el proceso investigativo se perfila como una prueba institucional en la que tanto el Legislativo como el Ejecutivo deberán demostrar su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia ante la ciudadanía.
