La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, presentó su renuncia irrevocable al cargo este viernes, en medio de una intensa polémica desatada por sus recientes declaraciones sobre la implementación del modelo económico y distributivo "50/50". Sus palabras fueron interpretadas como una postura centralista por líderes políticos de Santa Cruz y Beni, lo que generó un clima de rechazo que terminó por hacer insostenible su permanencia en el Ejecutivo.
En su carta de dimisión, Barrientos subrayó que asumió sus funciones con un "profundo sentido de compromiso y vocación de servicio", argumentando que su salida busca preservar el buen desarrollo de la gestión gubernamental y evitar que la controversia afecte la agenda del Estado. La funcionaria optó por dar un paso al costado luego de que diversos sectores regionales cuestionaran su idoneidad para conducir el proceso autonómico del país.
La crisis institucional escaló a niveles críticos cuando el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lanzó un ultimátum al Gobierno central, advirtiendo que su administración no participaría en el Consejo Nacional de Autonomías mientras Barrientos continuara a la cabeza del viceministerio. Camacho anunció además la solicitud de un informe detallado al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, para que el Ejecutivo aclare formalmente su interpretación sobre el "50/50" y el respeto a la autonomía departamental.
Por su parte, el movimiento cívico cruceño había endurecido su postura días antes, exigiendo no solo la destitución de la autoridad, sino llegando a proponer el cierre definitivo del Viceministerio de Autonomías. En su lugar, los cívicos sugirieron la designación de delegados presidenciales directos en cada región para descentralizar la toma de decisiones, una propuesta que refleja la profunda desconfianza generada durante esta gestión.
Con la salida de Barrientos, el Gobierno nacional se enfrenta ahora al reto de designar a una autoridad que logre restablecer los puentes de diálogo con las regiones, en un escenario donde la distribución de recursos y las competencias autonómicas vuelven a estar en el centro del debate político nacional.
