Casi seis años después de una acusación que marcó su vida, Lourdes Pacheco obtuvo un fallo que reivindica su nombre. Este martes, la justicia determinó que el exministro Arturo Murillo incurrió en difamación al señalarla públicamente, en 2020, como supuesta responsable del rapto de una menor, un hecho que resultó ser completamente falso.
La decisión judicial no solo establece la responsabilidad del exministro, sino que también abre la puerta a una reparación económica para la víctima, quien durante años enfrentó hostigamiento, estigmatización y el peso de una acusación infundada. La defensa de Pacheco, encabezada por el abogado Frank Campero, destacó que el proceso fue largo y complejo, reflejo de la dificultad de enfrentar al poder desde la posición de un ciudadano común.
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que el resarcimiento no será cubierto por Murillo a título personal, sino por el Estado. Según explicó Campero, el delito fue cometido mientras Murillo ejercía funciones como Ministro de Gobierno, lo que traslada la responsabilidad a la institución pública.
Aunque aún no se ha definido el monto de la indemnización —que será establecido en la etapa de ejecución de sentencia— la parte afectada aspira a que alcance el millón de dólares, en consideración al daño sufrido.
El caso, sin embargo, no está cerrado. Murillo todavía puede apelar la decisión judicial. Mientras tanto, permanece detenido en el penal de San Pedro, tras haber sido repatriado a Bolivia en 2025 luego de cumplir una condena en Estados Unidos por lavado de dinero.
Más allá del desenlace legal, la historia pone en evidencia el impacto que puede tener el uso irresponsable del poder y la palabra pública, especialmente cuando las consecuencias recaen sobre personas inocentes.
