A días de que Bolivia acuda a las urnas en las elecciones subnacionales del 22 de marzo, las autoridades encendieron las alertas sobre conductas que no solo afectan el proceso democrático, sino que también pueden derivar en procesos penales. Desde el Viceministerio de Seguridad Ciudadana remarcan que el voto no solo es un derecho, sino una responsabilidad que debe ejercerse dentro del marco legal.
Entre las faltas más graves se encuentra el uso de documentos falsificados para participar en la votación, así como la manipulación de actas electorales por parte de jurados. Estas acciones son consideradas delitos penales y pueden ser sancionadas conforme al Código Penal, debido al impacto directo que tienen en la transparencia de los resultados.
También se advierte sobre hechos que atentan contra el desarrollo normal de la jornada, como la destrucción de ánforas, la instalación de mesas ilegales o la generación de disturbios que impidan el sufragio. Estas conductas contemplan penas de entre uno y cinco años de privación de libertad, dependiendo de su gravedad.
Finalmente, se recuerda que la difusión de propaganda electoral fuera de los plazos establecidos o la inducción ilegal del voto también son sancionadas. Las autoridades insisten en que el respeto a las normas garantizará un proceso limpio, evitando que la jornada electoral se vea empañada por irregularidades.
