El Gobierno alista un giro en la administración pública a través del reformulado del PGE 2026, que incluye una revisión total de las empresas estatales con resultados deficitarios. La medida plantea que, en un plazo de tres meses, se determine qué entidades pueden sostenerse y cuáles deberán ser cerradas, en medio de un escenario donde estas compañías acumulan pérdidas que superan los Bs 1.800 millones.
La evaluación estará a cargo de instancias especializadas que analizarán la viabilidad financiera y operativa de cada empresa, marcando un posible punto de quiebre en el modelo estatal. La propuesta busca frenar el drenaje de recursos y reordenar el aparato público, priorizando eficiencia sobre permanencia.
En paralelo, el plan incorpora cambios para agilizar la gestión de recursos en gobernaciones y alcaldías, reduciendo los tiempos burocráticos y otorgando mayor margen de acción. Con este paquete de medidas, el Ejecutivo apunta a reconfigurar el uso del presupuesto, equilibrar las finanzas y redirigir la inversión hacia áreas consideradas estratégicas.
