El presidente Rodrigo Paz ha puesto en marcha un ambicioso plan de austeridad que redefine la estructura del Poder Ejecutivo boliviano. A través de un recorte directo en el número de ministerios, el Gobierno busca eliminar la burocracia excesiva y priorizar un manejo más eficiente de los recursos públicos, marcando un cambio de rumbo en la administración del Estado para enfrentar la actual coyuntura económica.
En una de las medidas más contundentes de su gestión, el mandatario oficializó la reducción del gabinete ministerial de 17 a 15 carteras. Esta reestructuración, consolidada mediante el Decreto Supremo 5488, no solo implica el cierre de despachos, sino una fusión estratégica de competencias. Por ejemplo, el área de Planificación del Desarrollo se ha integrado con Medio Ambiente, mientras que los sectores de Desarrollo Productivo, Rural y Agua han sido unificados en un solo bloque ministerial para evitar la duplicidad de funciones y trámites.
El mandatario justificó esta decisión como parte de un plan de "shock desregulatorio", argumentando que un Estado más compacto es fundamental para atraer inversiones y sanear las finanzas públicas. Según el planteamiento del Ejecutivo, los recursos ahorrados por la eliminación de cargos jerárquicos serán reasignados a áreas críticas y a fortalecer la descentralización hacia los gobiernos subnacionales, distanciándose del modelo de gestión centralista de las últimas dos décadas.
Este ajuste administrativo ha obligado a las entidades públicas a iniciar un proceso de readecuación interna de 30 días para inventariar activos y formalizar la nueva organización jerárquica.
La medida ha generado un intenso análisis en círculos políticos y económicos, ya que representa el inicio de una serie de cambios estructurales que incluyen el congelamiento de actividades en empresas públicas deficitarias y una digitalización profunda de los procesos de compra del Estado.
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