En medio de un clima de tensión marcado por bloqueos y movilizaciones, el presidente Rodrigo Paz oficializó la eliminación definitiva de la Ley 1720, una norma que había encendido el rechazo de distintos sectores por permitir cambios en la clasificación de la propiedad agraria. La decisión, que llega tras días de conflicto, busca desactivar la crisis, pero también abre un nuevo escenario político y social.
El Gobierno intenta ahora cambiar el rumbo del debate: propone construir una nueva legislación sobre tierras basada en consensos y participación amplia. Paz aseguró que el siguiente paso será diseñar una norma “justa y equilibrada”, que recoja las demandas de diversos actores y evite nuevas confrontaciones.
Desde la Asamblea Legislativa se fijó un plazo de 60 días para elaborar esta nueva ley, en un proceso donde las comisiones agrarias departamentales tendrán un rol clave. Sin embargo, el desafío no es menor: el país sigue dividido y la desconfianza persiste.
La abrogación no solo representa el fin de una ley cuestionada, sino también el inicio de una negociación compleja en la que el Gobierno deberá equilibrar intereses sociales, productivos y políticos, mientras intenta contener la conflictividad que aún se mantiene en las calles.
