El escándalo por la presunta distribución de combustible adulterado o de baja calidad dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos sumó sus primeras consecuencias judiciales de peso. El Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de La Paz determinó aplicar la detención preventiva por un lapso de seis meses para dos de los más altos ejecutivos de la estatal petrolera, implicados directamente en la investigación denominada "gasolina basura".
La drástica medida cautelar golpea la estructura jerárquica de la empresa pública al afectar a Eddy Torrico, gerente de Logística, y a Alejandro Mendoza, gerente de Comercialización. De acuerdo con la resolución de la autoridad jurisdiccional, ambos imputados deberán cumplir el encierro en diferentes distritos del país para evitar interferencias en el proceso. Torrico será trasladado de inmediato al centro de rehabilitación de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz, mientras que Mendoza permanecerá recluido en el penal de San Pedro, ubicado en la sede de Gobierno.
El Ministerio Público y las comisiones investigadoras impulsan este caso tras las constantes denuncias sobre la circulación de un carburante que supuestamente no cumplía con los estándares mínimos de calidad y que ponía en riesgo el parque automotor nacional.
Con esta determinación del juez, el Ministerio Público contará con medio año para profundizar en la recolección de pruebas, peritajes técnicos y declaraciones testificales, buscando esclarecer el nivel de responsabilidad y autoría de los dos gerentes detenidos en lo que perfila como uno de los casos de supuesta negligencia y corrupción interna más severos del sector hidrocarburífero local.
