La Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, en una acción coordinada con ejecutivos provinciales, subcentrales y la organización de mujeres Bartolina Sisa, determinó congelar temporalmente sus medidas de presión. Tras un ampliado de emergencia desarrollado en el municipio de Yamparáez, la organización campesina emitió la Resolución Nro. 021/2026, mediante la cual viabiliza un corredor humanitario que había sido solicitado formalmente por la Gobernación, la Alcaldía, la Defensoría del Pueblo y la Brigada Parlamentaria.
A pesar de la flexibilización de los cortes de ruta para permitir el paso de suministros y urgencias, la dirigencia condicionó la paz social al cumplimiento de una serie de exigencias legales y políticas. El sector demanda con firmeza que se levanten de forma inmediata todos los procesos judiciales abiertos en contra de su ejecutivo departamental, Julián Romero Bejarano, exigiendo paralelamente que se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión que pesa sobre el líder campesino, al considerar que existe una flagrante persecución política contra los representantes sindicales.
El pronunciamiento también fija una postura institucional inamovible respecto a la infraestructura comercial de la región, anunciando que asumirán una defensa férrea y jurídica de los predios del Mercado Campesino ante cualquier intento de intervención.
Los ejecutivos de la organización cuestionaron duramente la gestión del Gobierno nacional, señalando que las actuales políticas públicas vulneran derechos fundamentales, ponen en riesgo los recursos naturales, golpean la economía popular y comprometen la soberanía del país. Al cierre del ampliado, las bases se declararon en estado de apronte y vigilancia social permanente, advirtiendo que reactivarán e intensificarán las movilizaciones en las carreteras si sus peticiones son ignoradas por las autoridades correspondientes.
