El presidente Rodrigo Paz ratificó el martes, a través de Bolivia Televisión (BVT), la vigencia del estado de excepción por un periodo de 90 días. La medida se mantendrá operando bajo los marcos constitucionales y las garantías de derechos humanos, con el objetivo de contener las afectaciones derivadas de los bloqueos registrados en el país.
El mandatario enfatizó la necesidad de una respuesta judicial contundente frente a los promotores de las movilizaciones.
"Pongamos a los culpables donde tienen que estar: ante la justicia", afirmó Paz.
La estrategia gubernamental prioriza la coordinación interinstitucional para asegurar el cumplimiento de la norma vigente. El Ejecutivo asumirá las responsabilidades legales correspondientes, enfocando el accionar en la Fiscalía para procesar a los responsables de los daños ocasionados durante el conflicto.
“Necesitamos una justicia firme y una Fiscalía que también nos colabore, [...] necesitamos colaborar entre varias instituciones del Estado”, aseveró el presidente.
El jefe de Estado reiteró el compromiso de actuar con severidad ante hechos que vulneran la estabilidad nacional. La administración estatal mantiene la postura de colaborar entre instituciones para normalizar la situación tras el impacto de los bloqueos en el país.
