El mercado de carburantes en Bolivia dará un giro histórico a partir del próximo 6 de agosto, fecha en la que las estaciones de servicio privadas prevén arrancar con la venta de diésel y gasolina importados por particulares. Tras la promulgación del decreto supremo que pone fin al monopolio estatal de YPFB en el abastecimiento, el país se encamina hacia un escenario de libre competencia donde se acabaron los precios fijos para el sector privado, pasando a depender directamente de las fluctuaciones del mercado externo.
La Asociación de Surtidores (ASOSUR) confirmó que las nuevas tarifas de los combustibles importados no estarán reguladas por el Estado. En su lugar, los precios variarán según la cotización internacional del crudo y los costos reales de internación y transporte, obligando al consumidor a asumir el impacto financiero externo a cambio de garantizar un suministro continuo.
En Santa Cruz, un total de 55 surtidores ya han iniciado la adecuación logística de sus tanques para almacenar y comercializar de manera simultánea tanto el stock subvencionado por el gobierno como los nuevos productos importados. Esta implementación masiva del sistema regulatorio busca dar un respiro y asegurar el abastecimiento del aparato agroindustrial y el transporte pesado.
Para consolidar este proceso, la norma establece plazos inmediatos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dispone de un plazo legal de 15 días calendario para emitir la resolución administrativa que defina los requisitos técnicos de las nuevas licencias y las reglas de juego claras para los operadores.
Con esta transición, el mercado energético boliviano ingresa a una etapa inédita donde coexistirán dos sistemas de precios totalmente diferentes en un mismo surtidor. No obstante, se mantendrá el principio de libre elección: el usuario podrá decidir de forma voluntaria si adquiere el carburante del Estado o el de las firmas privadas.
