La Fiscalía Departamental de Santa Cruz aceptó la denuncia penal interpuesta por el Comité pro Santa Cruz contra el expresidente Evo Morales, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar. La acusación señala a los tres líderes como los principales promotores de los bloqueos de carreteras que paralizaron al país durante 53 días entre mayo y junio, una medida de presión que exigía la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El Ministerio Público investigará un total de nueve delitos atribuidos a los denunciados. Entre los cargos más severos se encuentran terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. El proceso se encuentra bajo la dirección de la fiscal Karin Lijerón Suárez.
Los representantes cívicos Stello Cochamanidis, Agustín Zambrana y Dino Franco formalizaron la demanda el miércoles primero de julio. La dirigencia responsabiliza a los huelguistas por pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares, el cierre de empresas y la destrucción de la infraestructura vial. El argumento más grave de la denuncia apunta a la muerte de personas que no pudieron recibir atención médica oportuna debido al cierre de las rutas.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, solicitó la emisión de órdenes de aprehensión para asegurar las declaraciones de los sindicados. El líder cívico afirmó que debe existir justicia para las familias afectadas por estas movilizaciones de carácter político y calificó las medidas de presión como una "intentona de golpe de Estado". De igual manera, recordó la necesidad de hallar responsables por las más de veinte víctimas fallecidas en el contexto de las movilizaciones.
La situación jurídica de los acusados presenta antecedentes complejos dentro del panorama político del país. En mayo, la Fiscalía ya había ordenado la captura de Argollo y Salazar, pero un tribunal de La Paz la anuló mediante una acción de libertad, lo que llevó a Argollo a denunciar una persecución política. Por otra parte, Evo Morales se encuentra resguardado en el Trópico de Cochabamba con el fin de evitar una orden de aprehensión previa vinculada a un caso de trata de personas.
En sus declaraciones recientes, el expresidente Morales negó haber ordenado el cierre de carreteras y desmarcó sus acciones de otros grupos movilizados. El político aseguró que el ampliado de su organización únicamente aprobó una marcha pacífica desde Caracollo hasta La Paz y descartó cualquier relación con las facciones armadas de los Ponchos Rojos al manifestar: "Que no me echen la culpa, no los conozco".
No obstante, los registros del conflicto muestran el respaldo público que Morales brindó a las movilizaciones, donde llegó a exigir elecciones en un plazo de 90 días. El exmandatario ratificó su postura en junio al declarar que no levantarían los bloqueos hasta ganar la batalla, y recientemente defendió las protestas como una "sublevación contra el Estado colonial".
La admisión del caso abre la etapa de investigación correspondiente para determinar el futuro procesal de los líderes sindicales. El Ministerio Público deberá recolectar las pruebas necesarias para individualizar las conductas antes de decidir si corresponde una imputación formal. Cabe destacar que, durante las semanas de conflicto, dos salas constitucionales de La Paz ya habían determinado que los bloqueos de caminos no constituyen derechos protegidos y ordenaron liberar las rutas nacionales.
