El Gobierno abrió la posibilidad de modificar el Decreto Supremo 5676 para atender las demandas de los sectores afectados, aunque ratificó que la norma no será abrogada. La decisión surge tras los cuestionamientos de productores al precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel destinado a grandes consumidores.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el Ejecutivo mantiene reuniones de trabajo durante el fin de semana con los sectores involucrados para encontrar soluciones consensuadas.
"Ese decreto no se puede abrogar, pero sí se puede mejorar", afirmó Gálvez en una entrevista con Bolivia TV.
El argumento oficial frente a la subvención
El Ejecutivo defendió la medida ante el elevado costo económico que implica para el Estado mantener el valor del combustible en 9,80 bolivianos por litro. Según el vocero, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adquiere el carburante en el mercado externo a un precio que oscila entre 17 y 18 bolivianos por litro.
La diferencia entre el costo de importación y el precio subvencionado representa una carga financiera para las arcas estatales. Además, el Gobierno argumenta que el sistema anterior propiciaba distorsiones en la distribución.
"Algunos grandes consumidores adquirían volúmenes de entre 2.000 y hasta 200.000 litros y, en determinados casos, parte del combustible terminaba siendo revendida en el mercado negro", explicó el vocero presidencial.
De acuerdo con el Ejecutivo, esa cadena ilegal provocaba que los productores que realmente necesitaban el insumo terminaran pagando hasta 25 bolivianos por litro en el mercado informal, superando ampliamente el costo regulado.
La controversia por los costos operativos
Con la implementación del DS 5676, el Gobierno fijó un precio referencial inicial de 18 bolivianos por litro para determinados grandes consumidores, manteniendo la tarifa regulada de 9,80 bolivianos para el resto del esquema.
La principal tensión radica en definir los criterios de aplicación y los sectores que deben asumir la nueva tarifa. Los productores han advertido que el incremento eleva sus costos operativos y golpea a las unidades productivas que requieren grandes volúmenes para operar.
Ante este escenario, el Ejecutivo modificó su postura inicial y apostó por introducir ajustes normativos que protejan a quienes no participan de la reventa de combustible.
