La Fundación Jubileo reveló que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destinó más de 2.400 millones de bolivianos a servicios personales durante el 2025, con más de 800 millones concentrados únicamente en la Casa Matriz, un egreso que colisiona con la caída sostenida de la producción de hidrocarburos y la creciente dependencia de combustibles extranjeros.
El análisis institucional expuso que la producción de gas natural se contrajo 56% entre 2015 y junio de 2026, mientras que los hidrocarburos líquidos disminuyeron 63% en el mismo lapso.
Ante este escenario, la organización advirtió que el problema radica en el sobredimensionamiento corporativo, el cual opera con 11 empresas subsidiarias, siete gerencias nacionales, cinco direcciones dependientes de la Presidencia Ejecutiva y dos vicepresidencias.
La entidad determinó que esta estructura genera duplicidad de funciones y una elevada burocratización, señalando además que la petrolera asume simultáneamente tareas de operación y fiscalización. Para corregir este desajuste, la propuesta planteó trasladar la fiscalización a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), reorganizar las unidades directivas y enfocar a la estatal exclusivamente en la exploración y explotación.
El estudio advirtió que las reservas probadas de gas natural retrocedieron de 9,94 TCF en 2009 a 4 TCF en 2023, derrumbando las exportaciones de gas en un 74% hasta junio de 2026. En paralelo, el mercado interno profundizó su vulnerabilidad al importar el 95% del diésel y el 60% de la gasolina consumidos en el país.
Con estos datos, la propuesta institucional exige separar la gestión empresarial de los intereses políticos mediante procesos de contratación basados en evaluaciones técnicas, delimitando responsabilidades para que la compañía recupere su rol estratégico en la cadena hidrocarburífera.
