El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump el uso del sistema federal SAVE para identificar a votantes sospechosos de carecer de la ciudadanía estadounidense en los padrones electorales.
La decisión de la mayoría conservadora revocó los fallos de instancias inferiores que habían paralizado el programa por vulnerar los derechos de privacidad de los ciudadanos.
Frente a la determinación judicial, la jueza disidente Ketanji Brown Jackson advirtió: “El daño causado por imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legítimos supera con creces el daño inexistente que experimenta el gobierno cuando se le impide tomar una medida para la que probablemente carece de autoridad”.
Organizaciones civiles cuestionaron la precisión del registro federal al señalar que las búsquedas masivas exponen a ciudadanos legítimos a ser depurados de forma errónea de los registros electorales.
A partir de las críticas formuladas tras el
fallo, la Liga de Mujeres Votantes declaró: “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger el derecho al voto y la privacidad de los estadounidenses, garantizando que se mantenga la decisión del tribunal de distrito”.
Pese al aval judicial otorgado a la administración federal, la normativa electoral vigente restringe las depuraciones masivas de los listados de votantes durante las semanas previas a los comicios de mitad de mandato.
