La defensa de Sebastián Marset pidió a un juez federal de Estados Unidos que suspenda el análisis de un teléfono incautado en Santa Cruz, al poner en duda la legalidad del procedimiento y el manejo del dispositivo por parte de las autoridades.
En un recurso presentado el 23 de octubre, los abogados cuestionaron la cadena de custodia del celular y la falta de documentación sobre su traslado a la Administración para el Control de Drogas (DEA). Según la defensa, el aparato fue enviado por autoridades bolivianas a mediados de abril, pero recién apareció en los documentos judiciales entregados a finales de julio.
Los abogados también sostienen que agentes de la DEA extrajeron información sin una orden judicial. La agencia habría argumentado que Marset ya había consentido el registro de otros dispositivos, una justificación que su defensa considera insuficiente para este cuarto teléfono.
La Fiscalía estadounidense vincula los cuatro celulares con el acceso a cuentas de criptomonedas que contendrían fondos de hasta 4 millones de dólares. Por ello, la discusión se centra en determinar si los datos obtenidos pueden utilizarse como prueba en el proceso contra el uruguayo, acusado de delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo.
El juez federal Rossie Alston Jr. prevé resolver las solicitudes de la defensa antes del 6 de noviembre. Su decisión podría influir en las pruebas admitidas para el juicio, previsto para comienzos de 2027. Mientras tanto, en Bolivia continúan investigaciones separadas sobre presuntos vínculos de funcionarios y policías con Marset, así como sobre el retiro irregular de maletas y objetos de una vivienda relacionada con el caso.
