La crisis política en Paraguay tomó un nuevo rumbo luego de que el Congreso dejara en suspenso la renuncia del presidente Santiago Peña y optara por continuar el proceso de juicio político en su contra, en medio de las investigaciones por el caso Ueno Bank.
Aunque el mandatario anunció su dimisión alegando que buscaba preservar la estabilidad del país, los legisladores opositores rechazaron esa salida porque, al dejar el cargo, Peña podía convertirse automáticamente en senador vitalicio y acceder a inmunidad parlamentaria.
La Cámara de Diputados aprobó el inicio del juicio político, mientras que el Senado asumió la responsabilidad de analizar las acusaciones y definir si corresponde su destitución. Para concretar esa decisión se necesitan 30 votos de los 45 senadores.
Las denuncias contra Peña apuntan a un posible conflicto de intereses por sus vínculos económicos con el grupo propietario de Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central tras detectar problemas de solvencia. También se cuestiona una presunta influencia en decisiones relacionadas con recursos del Instituto de Previsión Social y fondos públicos depositados en el banco.
La crisis financiera dejó a millones de clientes sin acceso temporal a sus depósitos y afectó a jubilados que recibían sus pensiones mediante esa entidad. Ueno también administraba alrededor de 850 millones de dólares en recursos públicos.
En medio de las protestas registradas en Asunción y de la creciente presión política, Peña anunció que comparecerá ante el Senado para ejercer su derecho a la defensa y aseguró que colaborará con las investigaciones. Su futuro político dependerá ahora de la votación legislativa y del avance de las pesquisas judiciales.
