En lo que va de 2025, 54 mineros han perdido la vida en Potosí, la mayoría jóvenes comprendidos entre los 18 y 26 años. Muchos se introducen en el mundo minero debido a la falta de oportunidades laborales, atraídos por jornales que oscilan entre 180 y 200 bolivianos diarios. Los datos de la FELCC confirman que el 80% de las víctimas son jóvenes, entre ellos estudiantes de colegio y universidad que abandonan sus estudios para trabajar en este sector. También se registran casos de migrantes y adolescentes que llegan durante las vacaciones invernales en busca de sustento.
A pesar de que la normativa laboral establece el pago de 24 salarios a las familias de los trabajadores fallecidos por accidentes, en la práctica se dificulta la certificación de aportes y contratos. Muchas veces se recurre a acuerdos informales, en los cuales los familiares terminan aceptando montos inferiores a los establecidos.
Las cooperativas mineras reconocen que no se cumplen en su totalidad las normas de seguridad industrial. La presencia de gases tóxicos, caídas y otros riesgos derivan en tragedias constantes en los socavones. Aunque las empresas manifiestan compromisos de mejorar las condiciones laborales, la realidad es que los jóvenes continúan expuestos a peligros inminentes.
La situación se agrava al considerar que, pese a la legislación que prohíbe el trabajo infantil en actividades de alto riesgo, menores desde los 9 años llegan a trabajar en las minas de Potosí, especialmente durante las vacaciones. Las minas se posicionan como una de las peores formas de trabajo para niños y adolescentes, situación que se suma a la vulnerabilidad de familias que, ante la crisis económica, no encuentran otra fuente de ingresos.
Mientras no se ofrezcan alternativas laborales formales y se fortalezca la implementación de medidas de seguridad, los jóvenes seguirán arriesgando su vida por un jornal, y el costo humano de la minería continuará siendo un tema pendiente en la región.
