En una decisión que marca un antes y un después en la defensa de los derechos indígenas, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha ordenado al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que en un plazo de 48 horas disponga la desocupación de más de 54.000 hectáreas de tierras comunitarias. Estas tierras, ocupadas desde 2017 por grupos de interculturales, deberán ser devueltas a sus legítimos propietarios ancestrales.
La magistrada del TCP, Isidora Jiménez, calificó el fallo como "histórico en la defensa de los derechos ancestrales de territorialidad de los pueblos indígenas". En una conferencia de prensa, Jiménez enfatizó que esta sentencia representa una "victoria simbólica y jurídica" para las comunidades originarias y podría tener un impacto significativo a nivel nacional e internacional en las normativas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente.
Además del desalojo, la resolución del TCP manda al INRA a implementar políticas ambientales de protección para los pueblos indígenas frente a "los asentamientos ilegales y la explotación indiscriminada de recursos naturales". Este mandato abre la puerta incluso a la realización de auditorías jurídicas a procesos de saneamiento de tierras ejecutados previamente por el INRA, lo que podría destapar irregularidades anteriores.
Este fallo sienta un precedente crucial en Bolivia, reafirmando la importancia de la titulación y respeto de las tierras comunitarias de origen (TCO) y la necesidad de proteger a los pueblos indígenas de la invasión y el extractivismo ilegal en sus territorios.
