Arturo Murillo, el exministro de Gobierno de Bolivia, está a solo 12 días de ser liberado de prisión en Estados Unidos, lo que podría frustrar los intentos de su extradición a Bolivia, donde enfrenta múltiples cargos por corrupción. La liberación, prevista para el 21 de junio de 2025, ha encendido las alarmas en el ámbito judicial boliviano.
Murillo fue condenado en Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y soborno, relacionados con la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Su sentencia, que ha cumplido gran parte en una prisión federal, lo acerca ahora a la libertad, una vez que se complete el tiempo establecido por la justicia norteamericana.
Sin embargo, la posibilidad de su extradición a Bolivia, donde se le acusa de varios delitos de corrupción y otros vinculados a su gestión, se complica con su salida de prisión. Expertos legales señalan que, una vez libre, Murillo podría presentar recursos y apelaciones que dilatarían indefinidamente su entrega a las autoridades bolivianas. Esto plantea un desafío significativo para la justicia del país, que ha insistido en su repatriación para que rinda cuentas por los casos pendientes en territorio nacional.
