La escalada de violencia generada por los bloqueos de carreteras en el Trópico de Cochabamba, protagonizados por seguidores del expresidente Evo Morales, ha provocado una decisión drástica: el repliegue inmediato de fiscales y personal de apoyo de la zona, siguiendo los pasos de la Policía. Esta medida, sin precedentes, busca proteger la integridad de los servidores públicos ante la creciente hostilidad en la región.
El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, emitió la orden para que el personal abandone Ivirgarzama, Chimoré, Shinahota, Villa Tunari y Entre Ríos, trasladándose a la sede fiscal de Sacaba. La directriz es clara: llevar solo lo esencial y evitar cualquier distintivo institucional que los identifique como funcionarios.
Desde la Fiscalía General del Estado, Roger Mariaca respaldó la medida, enfatizando la necesidad de preservar la vida de los servidores públicos frente a las amenazas y el ambiente de tensión. “Se les ha instruido considerar el repliegue a un lugar más cercano y que se considere seguro para ellos”, explicó Mariaca, aunque destacó la voluntad de algunos fiscales de continuar trabajando en la zona, buscando resguardar el orden constitucional.
La solicitud de la Fiscalía General al Comando Departamental de la Policía de Cochabamba para extremar las medidas de seguridad para el personal que aún permanece en el Trópico subraya la gravedad de la situación. “Sabemos el riesgo que se corre, pero también sabemos que debemos estar presentes como autoridades, para llevar adelante cualquier proceso penal si las circunstancias lo ameritan”, afirmó Mariaca, reconociendo el delicado equilibrio entre seguridad y cumplimiento del deber.
La Policía ya había cedido a la presión
La decisión de la Fiscalía sigue a un movimiento similar de la Policía. El pasado viernes, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Edson Claure, confirmó el repliegue de agentes de la zona cocalera del Trópico, bastión de Morales. Claure justificó la medida por las "amenazas" contra los agentes y para "precautelar la integridad física" de los mismos, buscando evitar cualquier incidente mayor.
Con 25 puntos de bloqueo registrados en todo el país, la mayoría concentrados en Cochabamba, la situación en el Trópico se torna cada vez más crítica. La retirada de las fuerzas del orden y la justicia de la zona evidencia el nivel de vulnerabilidad de las instituciones frente a la presión de los manifestantes, y plantea serias interrogantes sobre el control y la gobernabilidad en esta región clave del país.
