Bolivia denunció ante la comunidad internacional los hechos de violencia ocurridos el martes 10 de junio en Llallagua, Potosí, donde comunarios que intentaban desbloquear caminos fueron atacados por seguidores de Evo Morales. Los agresores utilizaron dinamita, piedras y armas de fuego, dejando una treintena de heridos, 15 de ellos hospitalizados por la gravedad de sus lesiones.
El gobierno calificó los hechos como actos vandálicos que buscan frenar las elecciones programadas para el 17 de agosto. Según un comunicado oficial, estas acciones no son protestas sociales legítimas, sino intentos deliberados de generar caos, sangre e inestabilidad en el país.
Los sectores radicales del MAS presionan para que Morales vuelva a ser candidato, pese a los fallos constitucionales que lo inhabilitan y la falta de un partido registrado. La exministra Teresa Morales admitió que la estrategia incluye provocar la renuncia del presidente Luis Arce para que el mando pase al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, con el fin de postergar los comicios y facilitar la candidatura del exmandatario.
El Ejecutivo reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y con un proceso electoral justo y transparente, en medio de un escenario que amenaza con profundizar la polarización política en Bolivia.
