Sacudido por un escándalo que pone en duda su autonomía, el Órgano Judicial boliviano decidió pasar a la ofensiva. Este martes anunció la creación de un observatorio nacional por la independencia judicial, en respuesta a las denuncias de injerencia política que involucran al exministro de Justicia, César Siles.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental impulsan la iniciativa, tras la filtración de un audio en el que supuestamente Siles coordina con un juez de Coroico la destitución irregular de la vocal del TSJ, Fanny Coaquira.
“Debemos protegernos de toda intromisión, venga de donde venga”, advirtió el presidente del TSJ, Romer Saucedo. Además, se anunció:
Procesos disciplinarios para jueces que actúen sin competencia legal.
Exigencia de pronunciamiento al Tribunal Constitucional sobre las medidas tomadas contra autoridades judiciales.
Defensa del mandato popular como base de legitimidad: “ninguna medida cautelar puede suspender a una autoridad electa por el soberano”, dijo Saucedo.
El juez Marcelo Lea Plaza y la vocal Claudia Castro ya fueron aprehendidos por su presunta participación en la trama. Mientras tanto, Siles, aunque niega haber cometido delito, enfrenta una investigación penal y promete no eludir la justicia.
La presión sobre el sistema judicial crece, pero también lo hace la respuesta institucional. ¿Será este observatorio suficiente para contener las interferencias y recuperar la credibilidad perdida?
