En un esfuerzo por sacar a Bolivia de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el gobierno ha presentado un proyecto de ley que introduce agentes encubiertos y entregas vigiladas como nuevos mecanismos de investigación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, explicó que los agentes encubiertos serán policías especializados que operarán con identidades falsas para recolectar información crucial sobre actividades ilícitas. Por su parte, las entregas vigiladas permitirán el seguimiento de remesas ilícitas hasta su destino final, sin ser interceptadas, con el objetivo de identificar a los responsables.
Saravia enfatizó que estas herramientas se incluirán en la normativa penal para investigar delitos como el financiamiento del terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas. "Implican operaciones complejas y sofisticadas que generalmente están relacionadas con estructuras ilegales que muchas veces se esconden a través de empresas fachada, a través de cuentas que están en el exterior en las cuales no se puede hacer seguimiento y responden sobre todo a estructuras clandestinas", detalló la ministra.
Esta iniciativa responde directamente a las recomendaciones del GAFI, que insta a Bolivia a fortalecer la investigación de delitos complejos. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió sobre las graves consecuencias de no aprobar la ley, señalando que Bolivia podría caer en la lista negra del organismo internacional. "Son exigencias explícitas del GAFI, entonces si queremos salir de las listas grises tenemos que cumplir con estas técnicas especiales de investigación", afirmó Montenegro.
La aprobación de este proyecto de ley es crucial para la imagen financiera de Bolivia a nivel internacional y para la lucha efectiva contra el crimen organizado en el país.
