La Policía Boliviana atraviesa uno de los procesos de depuración más drásticos en años recientes. En solo medio año, más de 350 efectivos han sido sancionados por faltas graves, desde corrupción hasta presuntos vínculos con organizaciones criminales. Uno de los casos más sonados es el del mayor Gabriel Jesús Soliz, actualmente encarcelado, investigado por supuestos nexos con el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil.
El presidente del Tribunal Disciplinario Superior, general Edgar Cortez, informó que 163 policías fueron dados de baja de forma definitiva, sin derecho a reincorporación. A estos se suman otros 192 uniformados suspendidos temporalmente, con pérdida de haberes y antigüedad, por periodos que oscilan entre tres meses y dos años. Las causas principales de estas sanciones incluyen consumo de alcohol, violencia intrafamiliar, vulneración de derechos humanos y corrupción.
Un dato que genera alarma es la sanción a 15 funcionarios implicados en la evasión o facilitación de fuga de reclusos. Todos ellos recibieron suspensiones severas, también sin goce de haberes, como parte de una política más firme contra la complicidad dentro del sistema penitenciario.
Aunque 109 efectivos fueron absueltos por falta de pruebas, el balance general revela la magnitud del problema interno que enfrenta la institución. Este proceso de depuración busca recuperar la credibilidad de la fuerza del orden y enviar un mensaje contundente: no hay espacio para quienes traicionan el uniforme ni para quienes dañan la imagen de la Policía Boliviana.
