El Gobierno activó un plan nacional de seguridad tras identificar al menos seis municipios y una ciudadela en Santa Cruz de la Sierra como zonas de riesgo ante posibles hechos de violencia electoral promovidos por sectores radicales del ala ‘evista’. La medida responde a advertencias de bloqueos, toma de recintos electorales y quema de ánforas por parte de simpatizantes del expresidente Evo Morales, quienes exigen la habilitación de su candidatura.
Según el viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, los focos de conflicto se concentran principalmente en Villa Tunari, Sacaba, Shinahota y Chimoré (Cochabamba), Yapacaní y el Plan Tres Mil (Santa Cruz), así como en comunidades mineras e indígenas de Llallagua (Potosí). También se monitorean Ivirgarzama y Entre Ríos, considerados puntos estratégicos para prevenir movilizaciones violentas.
Los informes de inteligencia indican que las amenazas provienen de organizaciones que presionan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para restituir la personería jurídica del partido PAN-Bol. A esto se suman divisiones internas en el bloque ‘evista’, lo que eleva el riesgo de enfrentamientos entre grupos con intereses distintos, especialmente en regiones productivas del trópico.
Ante este panorama, el Gobierno presentó el plan denominado “Elecciones en Paz”, que contempla patrullajes combinados en las principales ciudades del país, refuerzo de la seguridad en recintos electorales y monitoreo constante de focos conflictivos. El objetivo es garantizar el desarrollo seguro de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, aseguró que se priorizará la vida, la integridad y el derecho al voto de la población. Aunque aún no se definió el número exacto de efectivos que serán desplegados, se anunció que se reforzará la presencia policial en las zonas con mayores amenazas, en coordinación con el TSE.
Finalmente, las autoridades llamaron a los sectores movilizados a deponer actitudes confrontacionales y optar por el diálogo como única vía para resolver diferencias. Ríos advirtió que no se puede permitir que se vulnere el derecho democrático del pueblo boliviano a elegir libremente a sus autoridades.
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