El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyó este lunes la organización de “jornadas de verificación de plazos del cumplimiento de la medida cautelar de detenciones preventivas” en todo el país.
La decisión surge en medio de la polémica generada por la disposición de revisar la situación de detenidos preventivos en casos de alta notoriedad, como los de la expresidenta Jeanine Áñez y los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
La instructiva generó reacciones inmediatas dentro de las cárceles, donde privados de libertad reclamaron que la revisión no se limite a figuras políticas, sino que beneficie a todos los reclusos en similar situación. Ante estas demandas, el TSJ amplió el alcance de la medida y ordenó a los presidentes de Tribunales Departamentales, en un plazo de 24 horas, iniciar la revisión de los plazos de detención preventiva en todos los procesos.
Asimismo, se estableció que, en los casos en que el proceso judicial radique en un distrito distinto al de cumplimiento de la detención, el acusado deberá ser trasladado al lugar de origen del proceso o, de manera excepcional, participar mediante plataformas tecnológicas.
Con esta disposición, el máximo órgano de justicia busca responder a las críticas sobre el uso excesivo y prolongado de la detención preventiva en Bolivia, uno de los temas más cuestionados por organismos internacionales de derechos humanos.
