El anuncio del Banco Central de Bolivia (BCB) sobre la realización de una “venta adelantada” de oro ha desatado un fuerte debate en el escenario político y económico del país. La medida, que según las autoridades busca optimizar las Reservas Internacionales Netas (RIN), ha sido recibida con escepticismo por analistas y figuras de la oposición, que advierten sobre la falta de transparencia y el riesgo de comprometer un recurso estratégico.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, salió al frente de las críticas para aclarar que las operaciones cuentan con respaldo legal y están enmarcadas en normas vigentes. Negó que el Gobierno haya “empeñado” el oro, como sostienen algunos detractores, y explicó que los lingotes no se almacenan en bóvedas, sino que se invierten en mercados internacionales con el objetivo de generar rendimientos para el país. Montenegro recordó además que este mecanismo no es nuevo, ya que se aplica desde hace más de dos décadas como una forma de darle dinamismo a las reservas.
Las explicaciones oficiales, sin embargo, no han frenado las dudas. El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga calificó la operación como un acto ilegal y lanzó una advertencia directa al Gobierno. Exigió que las 22 toneladas de oro comprometidas sean devueltas antes del 8 de noviembre, y advirtió que de no cumplirse con esa condición, podrían iniciarse acciones legales que comprometerían a las autoridades actuales. Este señalamiento le dio un giro político a un tema que, hasta hace poco, parecía limitado al ámbito técnico-financiero.
En medio de la controversia, el presidente del BCB, Edwin Rojas, ofreció un balance de las reservas internacionales. Según su informe, al cierre de agosto las RIN alcanzaron los 2.881 millones de dólares, un incremento de 905 millones respecto al año anterior. De ese total, más de 2.651 millones corresponden a reservas de oro, lo que refleja el peso fundamental de este recurso en la economía nacional. Estos datos buscan transmitir tranquilidad, aunque para varios analistas solo confirman la dependencia del país respecto al metal precioso.
El caso ha dejado en evidencia la fragilidad de la confianza pública en torno a la gestión de los recursos estratégicos. Mientras el Gobierno insiste en la legalidad y necesidad de las operaciones, sectores críticos reclaman un debate más abierto y mecanismos de control que eviten decisiones unilaterales sobre un patrimonio que pertenece a todos los bolivianos. La discusión sobre el oro no solo refleja un problema económico, sino también la necesidad de mayor transparencia y confianza en la administración de los activos nacionales.
