Cada mes, más de 1,2 millones de adultos mayores en Bolivia que no perciben jubilación reciben Bs 350 de la Renta Dignidad. Originalmente concebida como un beneficio financiado por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y los excedentes de algunas empresas estatales, su sostenimiento hoy enfrenta serias dificultades debido a la caída de estos ingresos y al crecimiento del número de beneficiarios. Año tras año, el costo del programa aumenta mientras las fuentes de financiamiento se reducen, generando un desafío fiscal creciente.
El economista Julio Linares advierte que “la Renta Dignidad ya es inviable financieramente y provoca déficit fiscal. Si las propuestas electorales apuntan a incrementarla, deben explicar qué gastos dejarán de realizar para cubrirlo; de lo contrario, son medidas demagógicas”. Según Linares, el programa comenzó en 2008 con 750 mil beneficiarios y un costo de Bs 1.600 millones; en 2025, los beneficiarios son 1,2 millones y el costo asciende a Bs 5.500 millones. La diferencia, explica, se financia cada vez más desde el Tesoro General de la Nación (TGN) mediante deuda interna y recaudaciones impositivas, lo que contribuye a un déficit fiscal creciente.
En el contexto de la segunda vuelta electoral, los candidatos han planteado aumentos al beneficio. Edman Lara, del PDC, propuso inicialmente Bs 2.000 mensuales, para luego ajustar la cifra a Bs 500, lo que implicaría un gasto anual de Bs 6.500 millones. Tuto Quiroga, por su parte, planteó un incremento del 25%, alcanzando Bs 438 al mes y un gasto anual de Bs 5.400 millones. Linares advierte que tales incrementos, sin una estrategia clara de financiamiento, aumentarán el déficit fiscal y cuestiona la viabilidad de estas promesas. La Renta Dignidad, concluye el economista, sigue siendo un derecho social clave, pero su sostenibilidad requiere medidas responsables y realistas.
