El caso contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de personas enfrenta un nuevo obstáculo: la víctima, Cindy Sarai V. P., obtuvo asilo en Argentina junto a su hija y su madre el pasado 22 de agosto. Este estatus impide que la Fiscalía de Tarija obligue a la joven a declarar, dejando la investigación en un punto crítico.
Expertos en derechos humanos advierten que la protección internacional limita la capacidad de la justicia boliviana. La decisión de cooperar dependerá únicamente de la voluntad de la víctima y de las garantías que pueda recibir para su seguridad.
La denuncia, presentada en octubre de 2024, señala que Morales mantuvo una relación con la joven cuando ella era menor, de la cual nació una hija en 2016. Sin el testimonio de la víctima, el caso corre el riesgo de estancarse, mientras la Fiscalía aún no emite una posición oficial sobre cómo avanzar ante este impasse.