La administración de Donald Trump tomó una decisión que resuena en el ámbito diplomático: retirar a Bolivia de su lista de países que colaboran en la lucha contra el narcotráfico. Este movimiento no es solo un trámite, sino un mensaje político que coloca a Bolivia en el mismo grupo que Afganistán, Venezuela y Birmania, naciones acusadas de incumplir “manifiestamente” sus compromisos internacionales contra las drogas.
El informe anual del Departamento de Estado subraya que, desde 1986, esta certificación es una herramienta de presión que mide el esfuerzo de los países productores o de tránsito de drogas. Estar fuera de la lista significa quedar bajo sospecha internacional, y aunque no se detallan sanciones inmediatas, la medida abre la puerta a restricciones financieras, menor acceso a cooperación y un golpe directo a la credibilidad del país frente a organismos multilaterales.
Para Estados Unidos, la lucha antidroga es también un tablero de poder. Aunque el comunicado admite que la asistencia a Bolivia sigue siendo “vital para los intereses nacionales de EE.UU.”, la exclusión se interpreta como un castigo diplomático que busca condicionar la política interna boliviana, donde el cultivo de coca y su industrialización siempre han generado tensiones con Washington.
En el plano interno, la decisión reaviva un viejo debate: ¿hasta qué punto Bolivia puede sostener un modelo propio de control de coca sin el respaldo ni la certificación de Estados Unidos? Mientras el gobierno insiste en que la política soberana contra las drogas debe respetar la tradición cultural del consumo de coca, Washington exige resultados medibles en la reducción de cultivos ilegales y en la interdicción del narcotráfico.
En el fondo, más que una simple evaluación técnica, el retiro de Bolivia de la lista antidrogas refleja la persistente desconfianza entre ambos países. La medida funciona como un recordatorio de que la cooperación en materia de narcóticos no solo depende de estadísticas y decomisos, sino también de la voluntad política y de la alineación con los intereses estratégicos de Estados Unidos.
