La falta de diésel se ha convertido en un problema nacional que golpea al transporte y amenaza la producción de alimentos. El Gobierno, a través del viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, fijó octubre como fecha límite para normalizar el abastecimiento, aunque reconoció que la demanda supera al suministro disponible.
La estrategia oficial es priorizar al sector agropecuario, con el argumento de que la producción de caña, arroz y soya no puede detenerse. Sin embargo, productores y transportistas denuncian que las medidas son insuficientes y que la crisis no se resuelve con promesas, sino con una política energética seria.
Los retrasos logísticos en la llegada de cisternas mantienen la incertidumbre. Mientras el Gobierno asegura que se trabaja con YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos para agilizar el reparto, la escasez afecta ya a consumidores urbanos y pequeñas empresas, que enfrentan precios más altos y largas filas por combustible.
Analistas señalan que la crisis podría profundizarse si no se implementan soluciones concretas y coordinadas de inmediato, advirtiendo que octubre podría no ser la fecha del alivio sino un punto de alerta sobre la vulnerabilidad del país frente a problemas de suministro energético.
